Un tercio de las ayudas directas a empresas y autónomos afectados por la pandemia sigue sin pagar

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Las exigencias impuestas por el gobierno y las dificultades de procesamiento complicaron la distribución. Comunidades como la de Valencia no llegan al 50% de ejecución, mientras que Madrid y Cataluña alcanzan el 65%. Solo Baleares alcanza el 100%

La Vicepresidenta Primera y Ministra de Economía, Nadia CalvioMariscalEFE

El gobierno aprobó el pasado mes de marzo un decreto por lo que transfirió a las comunidades autónomas 7.000 millones de euros destinado ayudas directas a empresas y autónomos para paliar los efectos de la crisis económica provocada por el covid. Un año después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se encontrará con que una tercera vuelta al tesoro. Los requisitos impuestos y dificultades En tramitación, transferidos a las comunidades, bajaron el nivel de ejecución de estos fondos, que apenas llegaban al 65% en algunos territorios. En otros, ni siquiera ha llegado al 50% de las sumas asignadas en el reparto.

Este es el caso de la Comunidad Valenciana, donde los llamados Plan Resiste y Resiste Plus repartieron en total 312 millones de euros a 16.250 empresas y autónomos, sólo un 48% de los 647 millones que pagó el gobierno. Fueron necesarias tres convocatorias para la ejecución del plan, así como la contratación de la empresa pública Tragsa para poder gestionarlas.

Entre el primero y el segundo se concedieron 235 millones y el pasado mes de diciembre, con la flexibilización de ciertos requisitos impuestos por Hacienda en septiembre, 76,5 millones más. Algo que el propio Ministro de Hacienda, Vicente Soler, considerar insuficiente para compensar el tejido productivo afectado por la crisis, Por ello, ha pedido que se amplíe el plazo para solicitar estas ayudas hasta el 30 de junio. Para Soler, una de las razones por las que no hay más beneficiarios es la existencia de «criterios estrictos en el real decreto«, que la Comunidad Valenciana ha tratado de flexibilizar al máximo en el marco del Estado.

Estas becas estaban pensadas únicamente para empresas, con un máximo de 200.000 euros, y para autónomos, hasta 3.000, de sectores como turismo, hotelería o comercio que no habría sufrido pérdidas en 2022 y cuya facturación habría caído un 30% como consecuencia directa de la pandemia. Los fondos no se podían utilizar para pagar las deudas. con la Seguridad Social o con Hacienda, una de las principales quejas de los autónomos. Su objeto eran principalmente proveedores, suministros, alquileres o préstamos. Tras la ampliación de los sectores por parte de las Comunidades Autónomas, desapareció el criterio de no haber sufrido pérdidas en 2022 y se pudieron cobrar gastos fijos. Siempre, la ayuda no tuvo el efecto deseado.

Lo ocurrido en la Comunidad Valenciana no es una excepción. Autónomo como Aragn, Castilla-La Mancha, Murcia o Asturias mantener un nivel de ejecución de estos fondos por debajo de la mitad. También Galicia, que lanzó cuatro llamamientos para subvencionar los 234,4 millones que concede el Gobierno y apenas tramitó 6.000 casos que no cubren el 50%.

Islas Baleares y Canarias, la excepción

La Comunidad de Madrid, Cataluña y La Rioja exceder el sesenta y cinco%, mientras que andaluz permanecer en el 54%, con 600 millones desembolsados ​​de los 1.109 concedidos. Las excepciones fueron Baleares y Canarias. Por su especial vinculación con el turismo, el Gobierno ha destinado 2.000 de los 7.000 millones para estas dos regiones y ha aumentado las ayudas que podrían solicitar los empresarios hasta los cinco millones de euros.

En el caso de Islas Baleares, el 100% de 855 millones asignado llegó a las personas apropiadas que solicitaron asistencia. Las Islas Canarias, que recibió 1.144, es aproximadamente 80% en ejecución.

Además de los estrictos requisitos y la burocracia administrativa del proceso, uno de los principales problemas que presentan estas subvenciones por su diseño es que fueron diseñadas Solo para empresas que no estaban al día en el pago de sus deudas, que excluía a cualquiera que hiciera un esfuerzo durante los peores meses de la pandemia para hacer frente a sus obligaciones económicas.

La ayuda sólo podía utilizarse para pagar deudas y los costes fijos pendientes de pago que se hubieran acumulado entre 1 de marzo de 2022 y el 31 de mayo de 2022.

Este matiz, que apareció durante la publicación de la norma, ha llevado a muchas comunidades a quejarse del diseño y advertir ya entonces, en abril del año pasado, que parte de los fondos no se ejecutará. Además del hecho de que, por su redacción, la norma parecía animar a las empresas a dejar de pagar sus deudas para poder acceder a la ayuda han advertido determinadas autonomías.

“El objetivo de las ayudas parece ser conseguir que los acreedores cobren, para que discrimina a las empresas que han realizado pagos puntuales, favoreciendo a los que no lo hicieron y manteniendo la deuda. Los requisitos de pago futuro y prioridad, además de ser complejos, son difíciles de entender y de justificar”, denunció el junta de andalucia.

el sistema de distribución utilizado para repartir los fondos de ayuda entre las Comunidades Autónomas también ha sido objeto de polémica, ya que el Gobierno ha tenido en cuenta el 66% del impacto de la pandemia en el riqueza comunidades, y 33% la evolución de trabajo y, más precisamente, de desempleo juvenil. No se ha valorado la situación del tejido productivo de cada comunidad, al que finalmente se dirigirían las ayudas.

Según este criterio de reparto de 5.000 millones, andaluz fue la comunidad que más fondos recibió (1.109 millones), seguida de Cataluña (993 millones), el La comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana (ambos con 647 millones).

ciudades autónomas de ceuta y melilla (13 y 12 millones, respectivamente), La Rioja (32 millones), Cantabria (55 millones) y el Comunidad Foral de Navarra (67 millones) fueron los que menos recibieron.

Los 2.000 millones para los archipiélagos se han repartido para que Islas Baleares Recibí 855 millones y Las Islas Canarias, 1.144 millones.

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